Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia (AEHS)

AEHS

El pasado viernes 12 de enero se publicó en el BOP la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades. En la misma se recogen algunas de las alegaciones que nuestra Asociación realizó el pasado mes de Septiembre de 2017 y que entendíamos podían ser perjudiciales para nuestro sector fundamentalmente las licencias condicionadas en Semana Santa, y que más abajo se indican. Don Pablo Arenas Pera, en nombre y representación de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, en su calidad de Presidente, presenta con fecha 28 de septiembre de 2017, escrito de alegaciones consistentes fundamentalmente en:

1. Se aduce la necesidad de que en el texto se reflejase la línea del Dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla de 20 de junio de 2017, en el sentido de la necesidad de que existiese un único acto administrativo, donde se cumpliesen plazos y existiese una coordinación entre los técnicos de urbanismo y medioambiente. En su contestación procede manifestar que la redacción actual del texto de la ordenanza toma como punto de partida la organización existente en la actualidad, sin perjuicio de que en uso de la potestad de autoorganización de la Administración local, se materialice la unión competencial indicada, en cuyo caso serían igualmente aplicables los parámetros competenciales que recoge el texto, por lo que no procede la admisión de esta alegación.

2. Se alega, respecto al art. 7.2, la conveniencia de incluir, como actos sujetos a licencia, no sólo aquéllos que se ejecuten en suelo clasificado como urbanizable no sectorizado, sino también el sectorizado. En su contestación, procede manifestar que, entre las características más importantes del suelo urbanizable sectorizado, estarían contar con una vía de acceso rodado, tener acceso a la red de abastecimiento, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, circunstancias que lo hacen más afín al suelo urbano, en el cual se permiten como medidas de intervención, tanto la licencia, como la declaración responsable. A la vista de lo expuesto consideramos que procede mantener el artículo en su redacción actual, no procediendo su estimación.

3. Se alega, respecto al art. 7.4, la indeterminación de la expresión «por razones imperiosas de interés general» que supone un concepto jurídico indeterminado. En su contestación procede manifestar que es este concepto el que aparece en la normativa estatal que figura en el preámbulo de esta ordenanza, específicamente en la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en cuyo artículo 5, dispone: «La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho régimen.

a) No discriminación: que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o de que el establecimiento se encuentre o no en el territorio de la autoridad competente o, por lo que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio social;

b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado.» Consecuentemente la Ley referida pormenoriza los supuestos que están sujetos a licencia, desarrollando el concepto que prevé y que reproduce el texto de la Ordenanza, concretándolo en qué actividades están sujetas a licencia y cuales lo están a declaración responsable, tanto en su art. 7 como en el Anexo VII de la misma. Por tanto no procede la estimación de la alegación presentada.

4. Se alega, respecto al art. 12.5, el hecho de que las respuestas y contestaciones a las consultas, tengan un mero valor informativo. En su contestación, procede informar que la no vinculación de las respuestas a las consultas urbanísticas presentadas por los ciudadanos, tiene su fundamento en el art. 3.5.1 del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 19 de julio de 2016. Asimismo, procede manifestar que con independencia de que más del 90% de las respuestas urbanísticas que se emiten, se ajustan con posterioridad a lo informado en el proyecto presentado, la no vinculabilidad de las respuestas a las consultas se debe a los informes sectoriales que concurren en un procedimiento de licencias, por lo que no procede su estimación. Por tanto no procede la estimación de la alegación presentada.

5. Se propone la supresión del art. 19.2, dado que la Ley 2/2002 de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias de Andalucía, ya prevé potestades municipales para supuestos de emergencia, que se contemplan en los planes municipales que se realizan anualmente, por tanto, se estima la alegación presentada.

6. Se alega, respecto al art. 38, la incoherencia de exigir el cumplimiento de Código Técnico en el informe de Actividad y no en el informe urbanístico. Estudiada la alegación presentada y revisado el Anexo II de la vigente OROA, seobserva la incoherencia alegada y por tanto se estima la presente alegación.

7. Se alega, respecto al art. 40, que el propio alegante lo denomina petición de Anexos, cuando en realidad se refiere a requerimientos para subsanación de deficiencias, la eliminación de la petición de anexos, por haber proliferado en los últimos tiempos. En su contestación procede manifestar que los requerimientos para la subsanación de deficiencias se prevén en evitación de una denegación de la licencia, dado que si se trata de una actuación legalizable y está pendiente de aclaración o de complementación, la licencia puede ser otorgada, sin que medie la denegación de la misma. Por lo que procede la desestimación de la alegación presentada.

8. Se alega, respecto al art. 41 la improcedencia de renunciar a la indemnización de daños y perjuicios que se prevé en el artículo. En contestación a esta alegación procede manifestar que la hipotética indemnización que recoge el art. 41.3 se regula para dar cobertura normativa a las anteriores diligencias que se efectuaban entre el peticionario de licencia y la administración dado que la licencia de actividad se configura, si fuera procedente, como previa a la licencia de obras en los términos del art. 22.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1.955.

A la vista de este texto, lo que se persigue con la redacción del art. 41.3 es agilizar lo máximo posible los plazos en los procedimientos en que concurran la licencia de obras e instalaciones y la calificación ambiental, así como agilizar el inicio de las obras, para evitar sobrecostes económicos, pero con la salvaguarda y garantía de la renuncia a posibles indemnizaciones para la administración. En cualquier caso, el administrado cuenta con la posibilidad de pedir certificación de acto presunto del silencio en la calificación ambiental en caso de demora excesiva. Por lo que no procede la alegación presentada.

9. Se alega, respecto al art. 42, el presunto giro que ha habido en su regulación, con la redacción dada en la presente Ordenanza. En su contestación procede manifestar que a la vista del informe emitido por el Sr. Secretario General del Ayuntamiento de Sevilla con fecha 23 de marzo de 2017, hasta que no se proceda al cambio del Reglamento de Calificación Ambiental por parte de la administración que constitucionalmente tiene atribuida la competencia, esto es, la Comunidad Autónoma Andaluza, el silencio administrativo en la calificación ambiental sigue siendo positivo, quedando aclarada esta alegación.

10. Se alega, respecto al art. 50, la posibilidad de dudas en su aplicación, solicitándose que se mantenga la redacción del vigente art. 51. En contestación a la alegación presentada procede manifestar que el cambio operado en el artículo aludido, (vigente art. 51 y art. 50 en el texto propuesto), se ha producido por el cambio en el régimen de la calificación ambiental en el seno del procedimiento de licencia, ya que aquélla, en el texto propuesto, no es vinculante para el otorgamiento de la licencia de obras, quedando aclarada esta alegación.

11. Se alega, respecto al art. 76, que la redacción propuesta vulnera los principios de mínima intervención y seguridad, por lo que proponen mantener el 79 de la vigente ordenanza. En contestación a esta alegación procede manifestar que lo único que se ha modificado en el texto propuesto es a los efectos de mejorar el ejercicio del control posterior. Por lo que no se entienden vulnerados los principios alegados, procediendo por tanto la desestimación de la alegación presentada.

12. Se alega, respecto al art. 79.3.d), la improcedencia de exigir que el interesado cuente con la documentación técnica. Consideramos procedente esta alegación, por ser una documentación que ya obra en poder de la Administración.

13. Se alega, respecto al art. 85.2 la necesidad de motivar la estimación del beneficio económico y los posibles perjuicios que se recogen en el artículo. Se estima procedente la alegación, habiéndose modificado el texto.

14. Se alega respecto al art. 87.3, la posibilidad de que se impida el ejercicio de la actividad a otro titular completamente diferente de la misma, en el supuesto de que este último, no haya intervenido en la comisión de la infracción. En contestación a esta alegación y por aplicación del principio de personalidad de las sanciones consagrado en nuestro ordenamiento, procede su admisión.

15. Se alega, respecto al art. 87.7 la improcedencia del decomiso de todas las mercancías, perecederas o no. En contestación a esta alegación procede manifestar que cuando se impone una sanción accesoria es como consecuencia de la comisión de una infracción grave o muy grave, por tanto para que la sanción sea reprobatoria, procedería el decomiso de la mercancía, independientemente del carácter de la misma, por lo que no procede la admisión de esta alegación.

16. Se propone la inclusión de un nuevo articulado en el que se proponga un sistema de visitas concertadas con los técnicos del Servicio de Protección Ambiental y un sistema de acceso para la consulta del estado de expedientes en tramitación. En su contestación procede manifestar que la organización de los Servicios es una facultad institucional, en base a la potestad de autoorganización de la administración, que trasciende del texto de esta ordenanza, no siendo procedente que se incluya en una ordenanza de tramitación de procedimientos, por lo que no procede su admisión.

BOP 12 de Enero 2018 (PDF) - Fuente: http://www.dipusevilla.es/bop/ 

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